LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTES Y LOS CAMBIOS GENERADOS
Según la Dra. en Edu. Graciela Soto Martínez como jefa de sector de educación preescolar en la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco la Ley del Servicio Profesional Docente fue producto de la reforma educativa laboral de 2013, decretada por el Congreso y publicada el 11 de septiembre del mismo año, ese día quedaron plasmados los artículos que regularían el servicio profesional docente en básica y media superior, sus derechos y obligaciones, los perfiles parámetros e indicadores de las funciones buscando, además, transparentar estos procesos. Al momento de su publicación no se conocían las implicaciones y repercusiones que se derivarían hacia el magisterio nacional, cambiaban de golpe las reglas para poder ingresar a la docencia y desempeñarse en este sistema.
Es el 27 de marzo de 2019 cuando esta ley se abroga y se señala en el texto de decreto lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor del presente decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al presente decreto”.
Es momento de hacer el recuento de los daños que ocasionaron estas leyes, que dañaron los derechos laborales de los docentes. Entre ellos se puede mencionar los ceses de los maestros que se opusieron a la reforma, las evaluaciones punitivas, las descompactaciones salariales, las plazas iniciales de docentes y directivos que requerían ser ratificadas, la desaparición del escalafón y las campañas mediáticas en contra del gremio, entre otras afectaciones.
Esta ley trastocó socialmente la esencia del docente, su identidad puso al acto educativo y a los educadores en el entredicho, amparados bajo el término de la idoneidad y de la calidad, que ambos son conceptos de amplio significado y cargados de subjetividad, en este tiempo la sociedad ha cuestionado el trabajo docente emitiendo juicios a priori sobre su desempeño. Va a ser difícil revertir la afectación que sufrió en la confianza social, no hay un camino sencillo hacia la revaloración del magisterio.
En esta etapa de la Ley del Servicio Profesional Docente se le permitió a instituciones privadas u organismos externos su injerencia para opinar y decidir en educación, como fue el caso de la organización de Mexicanos Primero que, desde la cúpula empresarial apuntaron con el dedo a los trabajadores de la educación, poniéndose en el papel de árbitros y jueces.
Con esta Ley se perdió lo que establece la Constitución en el artículo 123, apartado B, fracción VIII, señala que los trabajadores contarán con un escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad.
La Ley promovió los exámenes estandarizados que favorecieron a los que destacaron por sus conocimientos, generando un orden de prelación, del cual se investigan los casos en que pudo haber corrupción, que ya no fueron concursos, ni públicos, ni abiertos.
Los que aprobaron un examen y consiguieron una plaza docente y/o un ascenso a dirección, las afectaciones también se hicieron presentes, ya que a los dos años debían ratificar la función a través de otra evaluación, debieron someterse a este proceso estresante de nuevo para que les otorgaran la calificación aprobatoria, además en estos períodos se afectaron sus sueldos y prestaciones que se vieron interrumpidos con la ratificación.
Para los llamados a la evaluación de desempeño en todas las funciones convocados por esta Ley, tuvieron que someterse a los criterios externos que califican la función, con agobio emocional y físico que implica la incertidumbre del proceso, con asesoría de diferente calidad, descuidando sus funciones generales y enfocados en su evaluación de la cual dependía su permanencia en el trabajo.
Fue el tiempo del acoso laboral por una ley vertical e incongruente.
En estas pérdidas, tenemos que recordar a los maestros y maestras que no quisieron evaluarse en las condiciones y términos estipulados, los cuales optaron por el camino de la jubilación, los que dijeron ya haber cumplido con los años de servicio, se fue gente de amplia experiencia y compromiso, en escuelas que brindaban buenos y excelentes resultados, la Ley del Servicio Profesional Docente con sus reglas rígidas y deshumanizadas (en las que la persona no importa), les empujó a tomar estas decisiones.
El desmantelamiento de las Normales, que fue sutil y en otras ocasiones fueron golpes directos hacia las instituciones, desde el momento que se permite que distintas profesiones participen en los concursos de oposición, cuando no se cuidan los perfiles de quiénes trabajan como formadores de docentes se debilita la propuesta de la formación inicial de los futuros educadores, en los cuáles se va a depositar la encomienda máxima, esto lo permitió la Ley del Servicio Profesional Docente, cuando abrió la puerta para que personas que no tienen formación didáctica o pedagógica se dediquen a la docencia, ello puso en riesgo la rectoría de la educación que está a cargo del Estado. No se descalifica a los profesionistas, se les valora lo que le puedan aportar al conocimiento y a la disciplina, pero de entrar a la docencia debe considerarse complementen su formación antes del ingreso y en este sentido, esta ley impuesta fue omisa de esta situación.
Las afectaciones de la Ley son diferentes en cada estado, nivel educativo, función que se desempeña, y no se desconoce que existieron beneficios para quiénes encontraron los elementos y pudieron ubicarse en un mejor nivel salarial o en las funciones, en este caso, aclaro que no se busca juzgar los hechos o los motivos que provocan esta acción, sino promover un análisis crítico de lo que sucede a nivel del gremio. Lo que representan estas pérdidas y lo que se requiere emprender en términos de escribir una historia diferente, ahora que existen otros mandatos constitucionales.
Con el cambio en las leyes y el reconocimiento de las afectaciones se puede pedir también la reparación de estos daños, la evaluación tenía el noble fin de mejorar el sistema educativo, la ley que se abroga la utilizó con otros fines, como arma que atemoriza, sobre todo cuando fueron procesos impuestos y poco transparentes.
Para que la educación sea de calidad en nuestro país es necesario la transformación del sistema educativo, por la cual se hace necesario una nueva reconfiguración del rol del docente; donde la formación de los maestros sea durante toda su vida laboral.
Para esto es necesario el apoyo de las autoridades educativas, cuyo propósito sea contribuir al desarrollo de los actores principales del proceso de enseñanza, donde se tenga acceso a recursos pedagógicos, a una formación no solo en el ámbito pedagógico, sino también en el campo disciplinar para trabajar de manera planeada y actualizada, buscando siempre el aprendizaje de los estudiantes.
La formación debe de aprovechar el potencial de las tecnologías con la intención de cerrar todas aquellas brechas que se presentan en el desempeño de los docentes en el aula, para la cual las instituciones educativas deberán contar con planes de formación que incluyan actualizaciones continuas y adecuadas que les permitan a los docentes a acceder a promociones para un mejoramiento de su calidad de vida.
Todo esto conllevara a los docentes a la transformación del trabajo en aula, implementando técnicas de enseñanza innovadoras, propiciando ambientes de aprendizaje y materiales acordes a las exigencias del mundo en que vivimos.
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